Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, se hizo posible en España imputar la comisión de un delito a una persona jurídica. Ello sucedía, fundamentalmente, cuando un empleado o dependiente de la misma iniciaba la ejecución de determinados delitos beneficiando a directa o indirectamente a la misma.