La Audiencia Provincial de Girona condena a una Aseguradora a pagar 6.000 Euros, a un propietario por tener su negocio paralizado a causa del COVID (SAP 59/2001, de 3 de febrero)
Acción de reclamación de daños y perjuicios a la administración pública con motivo de las medidas establecidas de restricción a la actividad comercial a causa de la alerta sanitaria
Este método de estafa ha ganado adeptos en los últimos tiempos, agudizándose el ingenio de aquellos que lo practican y por ende, convirtiéndose en uno de los delitos más frecuentes durante esta pandemia.
La muerte y la ruina son principalmente las consecuencias que nos dejará este COVID-19, pero ¿podemos responsabilizar a nuestra Administración de todos estos perjuicios?
Si hace unos días hablábamos de las medidas para vivienda habitual relativas a arrendamientos e hipotecas, hoy viene la segunda parte: medidas para arrendamientos de negocios
El RDL 8/2020 de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, implementa las medidas de acción para gestionar la prestación del cese de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma.
Con motivo del RD 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional que ha ocasionado la pandemia por enfermedad del coronavirus (en adelante Covid-19), nos están llegando numerosas consultas respecto a la afectación de las medidas acordadas en el ámbito del derecho de familia.
La Audiencia Provincial de Girona condena a una Aseguradora a pagar 6.000 Euros, a un propietario por tener su negocio paralizado a causa del COVID (S...
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